La directora del Hospital de Niños de Tucumán, Inés Gramajo, advirtió este jueves sobre una grave estafa que afecta a pacientes: personas desconocidas ofrecen...
Durante el fin de semana, se viralizó en redes sociales una grave denuncia por presunto abuso sexual contra el sacerdote tucumano Eduardo Roque López....
.Este lunes por la tarde, trabajadores que hacían tareas de limpieza encontraron un cuerpo sin vida en un predio del ingenio La Corona, en la ciudad de Concepción, Tucumán. Aunque aún no está confirmado oficialmente, todo indica que se trataría de Juan Ignacio Miranda, un joven catamarqueño de 18 años que estaba desaparecido desde el pasado 14 de mayo. El cuerpo tenía un tatuaje que permitió reconocerlo y presentaba signos compatibles con un suicidio.
La fiscal Gabriela Ghilardi está a cargo de la investigación y ordenó que el cuerpo sea sometido a una autopsia este martes por la mañana en la Morgue Judicial de San Miguel de Tucumán. También se halló un teléfono celular en el lugar, que será analizado por el Equipo Científico del Ministerio Público Fiscal (ECIF) como parte de las investigaciones.
Juan Ignacio había enviado un mensaje de despedida a un amigo antes de desaparecer, lo que activó una intensa búsqueda por parte de su familia y las autoridades. El caso generó gran conmoción en Catamarca y Tucumán, y se espera que la autopsia ayude a esclarecer lo sucedido.
La Arquidiócesis de Tucumán informó este lunes 19 de mayo que recibió una denuncia por presunto abuso contra el sacerdote Eduardo López, quien fue suspendido de sus funciones mientras avanza una investigación penal y otra interna de la Iglesia. La denuncia se realizó ante la Justicia y también dio lugar a una investigación canónica.
El caso comenzó a circular en redes sociales la semana pasada, cuando usuarios compartieron un testimonio que involucra al sacerdote y pedían una respuesta oficial. Ante esta situación, la Arquidiócesis emitió un comunicado confirmando que “se ha recibido una denuncia de un presunto abuso”.
En el mismo texto, firmado por el arzobispo Carlos Sánchez, se detalla que se presentó la denuncia ante la Justicia, se suspendió al sacerdote del ejercicio público del ministerio y se inició una investigación interna, siguiendo lo establecido por el canon 1717 del derecho canónico.
“Queremos ser una Iglesia donde la protección y el cuidado de los menores y adultos vulnerables sea nuestro compromiso con tolerancia cero a estas situaciones, con transparencia y centralidad en las víctimas”, expresó el arzobispo en el comunicado oficial.
Una adolescente de 17 años se quitó la vida este viernes dentro del Instituto Santa María Goretti, ubicado en calle 25 de Mayo al 2600, en San Miguel de Tucumán. La joven, identificada como R.A.G., estaba alojada en el lugar por orden judicial debido a problemas psiquiátricos y utilizó un arma de fuego que pertenecía a una policía que prestaba servicios en la institución.
Según fuentes policiales, la menor logró acceder al arma reglamentaria de una cabo de la Policía de Tucumán, que se encontraba allí cumpliendo tareas de custodia vestida de civil, como lo exige el protocolo. En un momento de descuido, la joven tomó el arma, entró a uno de los baños del instituto y efectuó un disparo que le provocó la muerte de manera inmediata.
El hecho generó una profunda conmoción entre el personal del instituto, la policía y la comunidad en general. Ahora se abrió una investigación para determinar cómo fue que la menor logró tomar el arma y si hubo fallas en los protocolos de seguridad que deberían haber evitado esta tragedia.
Un hombre que aparentemente tiene problemas psicológicos intentó quitarse la vida este lunes alrededor de las 16:30 en San Miguel de Tucumán al subirse a un poste de luz con intenciones de arrojarse, pero gracias a la rápida intervención y la capacitación del personal policial del 911, lograron convencerlo de que bajara por sus propios medios, evitando así una tragedia.
El subcomisario Cristian del Carril, jefe del V° Distrito de la Unidad Regional Capital, explicó que al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con el hombre hasta que lograron que entrara en razón. “Después de una charla con él, pudo entrar en razón y se logró que por sus propios medios se baje, logrando así cuidar su integridad y evitar una tragedia”, señaló el comisario.
Del Carril destacó que la situación fue muy delicada, pero que el desenlace fue tranquilo gracias a la preparación con la que cuenta el personal policial para este tipo de emergencias.
Tres presos de la comisaría de Los Pocitos fueron imputados por haber torturado durante al menos cuatro horas a Víctor Hugo Herrera, un interno de 39 años que estaba por recuperar su libertad el 5 de junio. El ataque ocurrió el 1 de junio en una celda donde convivían 19 detenidos. Herrera fue hallado inconsciente y murió al día siguiente en el hospital Padilla. Los acusados fueron identificados como Jesús Biza, Juan Luna y Nelson Jerez, y enfrentan cargos por homicidio agravado por alevosía y lesiones agravadas.
Según la investigación, los agresores golpearon primero a otro preso y luego atacaron a Herrera mientras dormía bajo el efecto de 15 pastillas psicotrópicas. Lo llevaron a la letrina, le tatuaron la palabra “rata” y un dibujo obsceno con un elemento casero, lo quemaron con un lanzallamas improvisado, lo electrocutaron con un calentador y lo golpearon muchas veces. Incluso le cortaron la cara y enviaron una foto a su familia con la frase “El Guasón de Villa Mariano Moreno”.
La auxiliar de fiscal Luz Becerra explicó que la víctima estaba indefensa y que todo fue una tortura prolongada. Además, se investiga cómo ingresaron drogas al calabozo y por qué los policías no intervinieron, a pesar de los gritos, los olores y los movimientos sospechosos. La celda estaba frente a la guardia, lo que genera dudas sobre un posible encubrimiento policial.
El querellante Javier Lobo Aragón (h) señaló que también se esperan peritajes para saber si hubo abuso sexual. Por su parte, los defensores de los acusados cuestionaron las condiciones en que se tomaron los testimonios, alegando falta de garantías para los testigos.
La jueza Elizabeth Raddi aceptó la acusación y ordenó prisión preventiva por seis meses para los tres imputados. También resaltó la gravedad del caso y la indefensión de la víctima. La causa sigue abierta, con la mirada puesta en el rol de los policías de la comisaría. Este hecho vuelve a poner a Tucumán en el centro de las denuncias por violencia institucional y negligencia dentro de las comisarías.
