Este jueves, la Justicia imputó a un técnico informático de 43 años por su participación secundaria en el robo de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social. Tras una audiencia judicial, se ordenaron medidas de coerción de menor intensidad, como fijar domicilio y prohibir contacto con testigos, por seis meses. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La auxiliar de fiscal Brenda Deroy, en representación de la titular Mariana Rivadeneira, detalló que el imputado registraba y almacenaba en formato digital la documentación de la mercadería desviada, llevándole control para su posterior venta ilegal. Según la acusación, estos bienes, destinados a sectores vulnerables, eran retirados del depósito del Ministerio en Alderetes y comercializados en beneficio de los principales involucrados, un padre y su hijo, quienes trabajaban como empleados públicos.
El caso, declarado de alta sensibilidad y complejidad, ya cuenta con cinco personas bajo prisión preventiva. Durante la audiencia, el imputado declaró que su participación se limitó a seguir instrucciones: “Ellos me daban los nombres de quienes recibían la mercadería, se hacían las planillas, se enviaba un correo y después se presentaba la documentación para el libre deuda”.
En noviembre de 2023, un allanamiento en una casa del barrio Manantial Sur reveló gran cantidad de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social almacenada ilegalmente y documentación que evidenciaba su venta. La Justicia, al imputar al técnico informático, busca esclarecer el rol de todos los involucrados en esta malversación de bienes públicos.
