La Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Carlos Saltor, ha procesado a diez personas acusadas de ocupar ilegalmente un terreno en la avenida Presidente Perón al 300, en Yerba Buena, que pertenece a un vecino identificado como L.S.B. El caso comenzó el 8 de octubre, cuando el propietario denunció la ocupación ilegal de su terreno en la comisaría de San José.
L.S.B. explicó que notó por primera vez actividades sospechosas en su propiedad el 24 de junio, cuando observó a desconocidos construyendo en su terreno. Según su relato, al intentar acercarse, fue intimidado y obligado a retirarse, lo que lo llevó a presentar una denuncia. La situación se intensificó el 9 de septiembre, cuando el propietario regresó a la comisaría al ver que un nuevo grupo de personas también había comenzado a construir en su propiedad. A finales de octubre, L.S.B. denunció una nueva intrusión al ver personas removiendo tierra en su terreno.
Para respaldar su reclamo, L.S.B. presentó escrituras y matrículas que acreditaban su titularidad ante la Policía y el Ministerio Público Fiscal. En su declaración, aseguró haber comprado el terreno en 2012 y haber aprobado un proyecto de construcción por la Municipalidad de Yerba Buena, aunque nunca edificó por motivos personales y había intentado vender el terreno, pero los carteles de venta eran removidos.
En una audiencia reciente, la Fiscalía acusó a Gustavo Soria, Lorena Gómez, Romina Frías, David Bautista Flores, Nancy Fuelle, Javier Bautista Flores, Patricia Leguizamón, Maximiliano Ríos González, Esther Sánchez y Celeste Velárdez de usurpación. La Fiscalía presentó como pruebas fotografías, relevamientos y hasta imágenes de Google Maps que muestran que no había edificaciones en el terreno en el año 2023.
Los acusados negaron las acusaciones y argumentaron, a través de sus abogados, Mónica Beatriz López, Clemente Gastón Turbay y Gabriela González, que son legítimos poseedores del terreno. Sus defensores mencionaron un expediente en la Legislatura que busca autorizar la transferencia del título del inmueble a los ocupantes actuales para regularizar su situación.
Finalmente, el juez Guido Cattáneo aceptó los cargos presentados por el Ministerio Público Fiscal, pero aplicó medidas de coerción de menor intensidad y suspendió temporalmente la restitución del terreno, a la espera de que ambas partes presenten más pruebas y argumentos.
