Un docente tucumano denunció ante la Justicia que policías de la comisaría de El Chañar lo habrían privado ilegítimamente de su libertad, amenazado con vincularlo a una causa por drogas y obligado a entregar $2,5 millones. Según la presentación realizada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, el hecho ocurrió cuando el profesor regresaba a su casa después de tomar exámenes en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi y fue interceptado por una camioneta policial.
De acuerdo con la denuncia, el docente viajaba como pasajero en un Chevrolet Corsa cuando, entre las 21.15 y las 21.20, una camioneta de la Policía detuvo el vehículo.
El profesor aseguró que dos efectivos bajaron sin identificarse y revisaron el auto. Durante ese procedimiento, uno de ellos habría dicho que encontró supuestos “envoltorios” cerca de la palanca de cambios.
Sin embargo, según el denunciante, esos elementos nunca fueron exhibidos, pesados ni sometidos a una prueba de campo. También afirmó que no se hizo un acta de secuestro ni se dio intervención a una fuerza especializada en drogas.
Luego, el docente fue trasladado a la comisaría de El Chañar. Según su relato, antes de ingresar a la dependencia uno de los policías le quitó el teléfono celular.
Una vez dentro, los efectivos habrían comenzado a hablar de la posibilidad de “llegar a un arreglo”.
La denuncia sostiene que los policías lo amenazaron con involucrarlo en una causa por drogas si no entregaba dinero. También le habrían advertido que el caso aparecería en los medios, que perdería su trabajo como docente y que no volvería a conseguir empleo en el sistema educativo.
Según la presentación judicial, primero le habrían exigido $10 millones y después bajaron el pedido a $8 millones.
Al comprobar que el docente no podía reunir esa suma, los acusados habrían ingresado a su homebanking y verificado que tenía cerca de $2,6 millones disponibles.
Siempre según la denuncia, entonces le ordenaron entregar $2,5 millones y dejarle apenas $100.000. El denunciante afirmó que uno de los efectivos habría dicho que le dejaban ese dinero porque “eran buenos”.
El profesor relató que luego fue llevado hasta un cajero automático, donde realizó extracciones por un total de $1 millón bajo vigilancia policial.
Ese dinero, según su versión, fue entregado a uno de los efectivos.
Los restantes $1,5 millones habrían sido transferidos mediante una billetera virtual a una cuenta perteneciente a un tercero identificado en la denuncia.
El docente aseguró que uno de los policías tomó su celular, ingresó el alias de destino y que él solo intervino para hacer la validación biométrica que pedía la aplicación.
Después de la presunta entrega del dinero, el denunciante afirmó que lo obligaron a firmar un documento donde solamente figuraba que había sido “demorado”.
También sostuvo que no le permitieron leer por completo el acta ni le entregaron una copia.
Entre las pruebas presentadas ante la Justicia figuran el comprobante de la transferencia de $1,5 millones y los registros de las extracciones bancarias.
Además, el docente pidió que se soliciten las filmaciones de los cajeros automáticos y de las cámaras de seguridad de la comisaría.
También solicitó una rueda de reconocimiento, informes sobre los policías que estaban de servicio y la búsqueda de posibles denuncias similares vinculadas con esa dependencia.
Ahora, la Justicia deberá investigar si los hechos ocurrieron como fueron denunciados y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los efectivos señalados.
