Tres integrantes del clan Caro fueron acusados de extorsionar desde el penal de Villa Urquiza a Marcos Nacif, uno de los procesados por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán. Según la denuncia, los sospechosos le habrían exigido U$S 25.000 y una camioneta Renault Oroch a cambio de garantizar que no sufriera represalias mientras permaneciera detenido.
Los denunciados son los hermanos Walter Caro, Emanuel Caro y Marcos Caro. De acuerdo con fuentes judiciales, el dinero y el vehículo debían ser entregados a Denise Lobo, madre de los acusados.
La denuncia fue presentada a través de los hijos de Nacif por sus abogados defensores, Javier Lobo Aragón y Javier Lobo Aragón hijo, y quedó bajo análisis del fiscal Mariano Fernández.
A partir de las medidas solicitadas por la Fiscalía, la Justicia ordenó un allanamiento en el penal de Villa Urquiza, donde se encuentran alojados los acusados.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. La investigación buscará determinar si en esos dispositivos existen mensajes, llamadas o registros vinculados con las presuntas amenazas y exigencias económicas.
La requisa también permitió constatar que los acusados estaban alojados en una celda con características consideradas privilegiadas, donde había objetos que no están permitidos para los internos.
Ahora, los investigadores intentan establecer cómo se habría desarrollado la maniobra, quiénes participaron y si hubo más personas involucradas dentro o fuera del penal.
La nueva causa se desprende de una investigación mayor: el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán, una carga valuada en aproximadamente U$S 2,3 millones.
Ese procedimiento fue realizado semanas atrás por Gendarmería Nacional, cuando los efectivos detuvieron una Toyota Hilux durante un control y encontraron la droga.
Por ese caso, la Justicia Federal dictó la prisión preventiva de seis acusados, procesados por transporte de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, dispuso embargos por $5.000 millones sobre los bienes de los imputados.
Nacif fue señalado como el conductor de la camioneta que transportaba la droga. El juez federal José Manuel Díaz Vélez no consideró creíble su explicación de que desconocía el contenido de la carga.
También fueron procesados Rodrigo “Icha” Chávez, propietario registral de la camioneta; Pablo Abraham Pérez, señalado como presunto organizador de la maniobra; Matías Díaz, Enrique Santos Catulo y Ernesto Catulo Chamás.
Mientras avanza la causa principal por la droga, los investigadores continúan analizando los teléfonos secuestrados para determinar quién habría provisto la cocaína, cómo ingresó al circuito de distribución y quién era el verdadero propietario de la carga.
