La Justicia Federal y la provincial investigan si en el municipio tucumano de Juan Bautista Alberdi funcionó una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, usando contratos de obras públicas y fondos municipales. El caso involucra al ex intendente Luis “Pato” Campos, a su esposa y actual legisladora Sandra Figueroa, y a otros ex funcionarios de su gestión. La investigación se activó luego de la difusión de un audio que mencionaba delitos graves y sigue sumando pruebas que podrían derivar en acusaciones más graves.
La causa apunta a una posible organización criminal integrada también por el ex secretario de Hacienda José del Carmen Roldán, el ex funcionario Pablo “Maceta” Barrionuevo, el sindicalista José “Cucha Mota” Funez y el empresario Roque “Chipi” Giménez, dueño de la empresa Giménez Consoulting Group. Esta firma fue contratada por el municipio para realizar obras por más de $460 millones, como una sala velatoria, la remodelación del Mercado Municipal y la refacción del Centro Cultural. Sin embargo, testigos aseguraron que las obras están en mal estado o nunca fueron usadas.
Además, se detectaron pagos millonarios a otra empresa del mismo grupo por servicios en fiestas, como la Fiesta de la Empanada, que facturó $10 millones. También se investiga una transferencia de $4 millones desde el municipio a la hija de Roldán, que dirige una imprenta que habría funcionado como pantalla para imprimir boletas y barbijos durante la pandemia.
Durante una audiencia, se reveló que un pedido de documentación clave de la Fiscalía nunca llegó a manos de los actuales funcionarios del municipio. El interventor Guillermo Norry alertó que ese documento “desapareció”, lo que genera sospechas de que la red investigada aún tendría poder dentro del municipio.
Las autoridades también revisan el estilo de vida de los acusados, que no coincide con sus ingresos declarados. Se mencionan vehículos de alta gama, viajes y propiedades que no figuran a sus nombres. Según el auxiliar fiscal Bernardo Sassi, se busca confirmar si usaban a terceros para ocultar bienes, una táctica común en causas de lavado.
La Justicia avanza con peritajes y recolección de pruebas, y aunque la causa está en una etapa preliminar, ya se perfila como una de las investigaciones más importantes en la provincia. “Esta historia recién empieza”, advirtió una fuente judicial.