La jueza de impugnación Laura Julieta Casas decidió revocar el casi sobreseimiento de los acusados Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez, quienes están implicados en la venta ilegal de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. La decisión, tomada en la última audiencia, cambia la situación anterior en la que los tres sospechosos estaban al borde del sobreseimiento debido al vencimiento de los plazos de investigación.
La decisión de la jueza Casas se basó en el pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que lidera Mariana Rivadeneira, y que argumentó que el caso debe tratarse como un asunto complejo. De acuerdo con el Código Procesal Penal de Tucumán, esto permite extender la investigación penal preparatoria hasta dos años, con una posible prórroga de un año adicional.
El caso comenzó en enero de este año, cuando el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, denunció desvíos en alimentos destinados a cooperativas y comedores comunitarios. Tras la denuncia, se realizaron allanamientos y arrestos que, aunque no llevaron a detenciones actuales, involucraron a seis sospechosos. Los acusados, defendidos por diferentes abogados, están siendo investigados por la venta de productos como arvejas, puré de tomates, fideos, y otros alimentos que debían ser destinados a asistencia alimentaria.
En la audiencia de agosto, el juez de primera instancia Federico Moeykens había considerado que los acusados Juárez y Sánchez estaban cerca de ser sobreseídos debido al vencimiento de los plazos. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que esta decisión era arbitraria y que no correspondía al MPF fijar las fechas de las audiencias.
La jueza Casas, al escuchar las argumentaciones, decidió que la investigación continúe contra los tres acusados. La denuncia de Masso en enero reveló que la mercadería del Ministerio, que estaba prohibida para la venta, fue retirada de un depósito y ofrecida para la comercialización.
