Dos tucumanos de 28 años, identificados como Mauricio Alejandro Córdoba y Francisco Alejandro Aragón, fueron procesados por la Justicia Federal acusados de participar en una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que, según la investigación, provenían del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más importantes de Brasil. El juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió que ambos sigan el proceso en libertad, pero les impuso un embargo de $3.000 millones a cada uno y les prohibió salir del país.
La investigación sostiene que Córdoba y Aragón habrían participado de manera habitual en operaciones destinadas a recibir criptomonedas, vender esos activos y transferir el dinero obtenido a distintas personas indicadas por quien aportaba los fondos.
La causa se desprende de una investigación mayor que tiene como principal acusado a Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como supuesto cerebro financiero del Comando Vermelho.
Según la pesquisa, Alves de Sousa se habría instalado en Argentina para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y secuestros extorsivos. Actualmente permanece prófugo.
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2022 Alves de Sousa creó un grupo de WhatsApp llamado “Cuenta Arg Verificados” y utilizaba el alias “Sakamoto” para dar instrucciones a personas que operaban con activos virtuales.
Los investigadores estiman que la estructura habría movilizado alrededor de 500 millones de dólares mediante la compra y venta de criptomonedas.
En ese expediente aparecieron los nombres de cuatro tucumanos. A partir de eso, el fiscal federal Agustín Chit abrió una investigación paralela sobre Córdoba, Aragón y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero.
Según la resolución judicial, Córdoba y Aragón habrían recibido transferencias de criptomonedas provenientes de la estructura vinculada a “Sakamoto”. Luego vendían esos activos y enviaban los pesos obtenidos a terceros.
Para el juez, los comprobantes de las operaciones y la modalidad utilizada permiten sostener que ambos tenían un vínculo de confianza con quien les proporcionaba los fondos.
El magistrado también consideró que, por las características de las maniobras, los acusados no podían desconocer razonablemente el posible origen ilícito de los activos que recibían y convertían a moneda de curso legal.
Las operaciones investigadas se habrían realizado de manera sistemática entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Por ese motivo, los dos hombres fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
Distinta fue la situación de las madres de los acusados. El juez entendió que sus nombres habrían sido utilizados por sus hijos para realizar parte de las operaciones, pero no encontró elementos suficientes para procesarlas por lavado de activos.
Por eso, dictó la falta de mérito para Torres Toledo y Agüero. Esto significa que, por ahora, no fueron procesadas ni sobreseídas, y que su situación podría cambiar según el resultado de las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
Aunque Córdoba y Aragón fueron procesados, no quedaron detenidos. El juez consideró que no existen riesgos procesales suficientes para dictarles prisión preventiva.
Sin embargo, deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del país.
Además, la Justicia ordenó un embargo de $3.000 millones para cada uno, una medida económica de gran magnitud dentro de una causa que apunta a una presunta estructura financiera ligada al crimen organizado.
