Un grupo de al menos 30 estudiantes de la escuela de Comercio 3 fue rescatado anoche en el cerro San Javier, luego de perderse durante algunas horas en la zona de La Rinconada. El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando se perdió el contacto con los alumnos, que estaban participando de una excursión junto a profesores y un guía. Los familiares alertaron a la Policía, lo que activó un operativo de rescate.
Bomberos Voluntarios de Yerba Buena participaron del operativo y lograron dar con los adolescentes en una zona de difícil acceso. A través de su cuenta de Facebook, los bomberos informaron que los estudiantes se encuentran en buen estado de salud y que fueron resguardados por personal policial para garantizar su seguridad.
“Un equipo de búsqueda accionó rápidamente al llamado, y logró dar con los alumnos en una zona complicada”, detallaron desde la institución.
El camionero Héctor Romero, acusado de la desaparición de María Cash en julio de 2011, fue sobreseído este lunes por decisión de la jueza Mariela Giménez, del Juzgado Federal N°2 de Salta, quien ordenó su libertad inmediata al no encontrar pruebas que sostuvieran su imputación por homicidio agravado. La resolución generó polémica: mientras la defensa celebra que se comprobó su inocencia, la fiscalía apelará el fallo por considerarlo injusto y prematuro.
Romero había sido detenido el 25 de noviembre de 2024 luego de ser formalmente imputado como el principal sospechoso de haber asesinado y hecho desaparecer a la joven diseñadora. Su declaración siempre fue la misma: aseguró que la llevó en su camión hasta Joaquín V. González y la dejó en la zona conocida como la Difunta Correa. Según peritajes posteriores, ese relato era verosímil.
El fallo se basó en más de 420 fojas de pruebas, pericias y testimonios, y concluyó que no hay evidencia suficiente para mantener la acusación penal. No se hallaron rastros de sangre ni indicios de violencia en el camión, y los rastrillajes no arrojaron resultados. Además, el análisis psicológico y criminológico de Gendarmería indicó que Romero no presenta rasgos de manipulación ni señales de criminalidad.
Por su parte, el fiscal federal Eduardo Villalba expresó su sorpresa y rechazo al sobreseimiento, y anunció que apelarán la decisión. Sostuvo que aún quedaban medidas pendientes en la investigación y que la resolución “impide llegar a un juicio oral donde se pueda conocer la verdad”. También criticó que el fallo se basara en una lectura equivocada de pruebas ya existentes, sin nuevos elementos que justificaran el cambio de rumbo.
La jueza, sin embargo, destacó que algunas pericias presentadas por el CIF carecían de rigor técnico y que no se podía sostener una acusación solo con suposiciones. El fallo enfatizó que no se alcanzó el grado de certeza necesario para avanzar con la causa, y que se debe respetar el principio de inocencia y la existencia de una duda razonable.
Con el sobreseimiento de Romero, la causa por la desaparición de María Cash, uno de los casos más conmovedores del país, queda nuevamente sin sospechosos concretos. A trece años de su desaparición en una ruta de Salta, el paradero de la joven sigue siendo un misterio, mientras su familia y la sociedad continúan reclamando verdad y justicia.
Fuente: Santiago Mendieta para La Gaceta
En un fallo histórico en la provincia de Tucumán, la jueza de Familia de Monteros, Mariana Rey Galindo, resolvió que un policía deberá hacerse cargo del pago de una cuota alimentaria provisoria para su sobrina de 11 años, ya que ni el padre de la menor ni la abuela pueden cumplir con esa responsabilidad por no tener ingresos. La decisión se tomó el pasado lunes como una medida excepcional, con el objetivo de garantizar los derechos básicos de la niña mientras se resuelve el juicio principal.
El caso fue impulsado por el Defensor Oficial Agustín Acuña, quien solicitó la medida contra el tío paterno de la menor, luego de confirmar los vínculos familiares con actas de nacimiento. La madre de la niña había manifestado que el padre y la abuela paterna no cumplían con la obligación alimentaria y no tenían trabajo en relación de dependencia. El tío, en cambio, es empleado de la Policía de Tucumán y tiene ingresos fijos.
La jueza explicó que, si bien la ley establece que la obligación de alimentos recae en padres y abuelos, en situaciones excepcionales se puede extender a otros familiares, como tíos, cuando está en riesgo el bienestar del menor. En este caso, se consideró que la falta de respuesta de los responsables directos justificaba la medida.
La cuota provisoria fue fijada en un 12% del sueldo del tío y tendrá validez por 120 días. El dinero deberá depositarse en una cuenta del Juzgado hasta que se resuelva la responsabilidad definitiva del progenitor. La jueza destacó que se trata de una medida urgente para evitar daños irreparables en la vida de la niña y asegurar su desarrollo adecuado.
Este martes, la Policía realizó allanamientos en dos casas de la ciudad de Alderetes en el marco de una causa por estafa en el Hospital Centro de Salud, donde se investiga la venta ilegal de turnos médicos. Durante los procedimientos, se secuestraron nueve teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
La investigación comenzó el 31 de marzo, cuando una representante del área administrativa del Siprosa denunció que personas ofrecían turnos médicos a través de publicaciones en redes sociales. Según la denuncia, una persona los promocionaba en Facebook y otra recibía los pagos mediante una billetera virtual. Como prueba, se presentaron capturas de pantalla de las publicaciones y conversaciones privadas entre los presuntos involucrados.
La comisario Yolanda Álvarez, jefa de la División de Delitos Telemáticos y Económicos, está a cargo de la investigación. Su equipo realizó tareas de inteligencia y pidió información a empresas de telefonía. Luego, con autorización del juez Facundo Maggio, se llevaron a cabo los allanamientos en los barrios Ampliación Nicolás Avellaneda y Santa Isabel.
Además del delito de estafa, la Justicia analiza si el caso también podría incluir asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Los procedimientos fueron supervisados por el comisario general Miguel Carabajal, director General de Investigaciones de la Policía.
Un hombre de 42 años que trabaja en la Municipalidad de Concepción fue detenido este martes, acusado de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad. La detención se realizó por orden del juez Enrique Cacicci, luego de que una joven denunciara que fue engañada con una falsa oferta de trabajo y atacada en el domicilio del sospechoso, ubicado en avenida Güemes.
El hecho fue denunciado el lunes 12 de mayo. Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando publicó en su cuenta de Facebook que estaba buscando trabajo. Fue entonces que el acusado se contactó con ella para ofrecerle un supuesto empleo como empleada doméstica en su casa, y también le prometió un puesto en el municipio. Ese mismo día, la joven fue a su casa, donde según su testimonio, fue retenida contra su voluntad, golpeada y abusada sexualmente. Logró escapar fingiendo que debía salir por un momento.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Violencia de Género, que reunió pruebas y solicitó una orden de detención. El operativo fue realizado por personal de la Comisaría de Concepción, junto a Criminalística e Investigaciones, bajo la coordinación de la Unidad Regional Sur. Además de detener al sospechoso, se secuestraron objetos que podrían estar vinculados al caso, como un celular, una remera, un juego de sábanas y un cubrecama.
El acusado sigue detenido mientras se realizan pericias forenses, se analiza la evidencia recolectada y se lo indaga formalmente. La víctima ya recibe asistencia del equipo especializado del Ministerio Público Fiscal. El caso generó conmoción en la ciudad por la posición del sospechoso dentro del municipio. Las autoridades no descartan nuevas medidas a partir del avance de la investigación.
Un hombre de 72 años se encuentra internado en estado crítico tras haber sido baleado por un joven que intentó robarle la moto el domingo pasado por la tarde en San Miguel de Tucumán, en la zona de avenida Viamonte y las vías del tren, cerca de la Diagonal Alejandro Heredia. La víctima volvía a su casa después de trabajar cuando fue atacada.
Según la investigación, el agresor, apodado “Pañal” y de 24 años, lo interceptó con un arma de fuego y, sin decir nada, le disparó en el abdomen para robarle la moto. El ladrón no logró concretar el robo porque vecinos que presenciaron el hecho acudieron rápidamente en ayuda del hombre, impidieron que escapara y llamaron a emergencias.
El jubilado fue trasladado de urgencia a un hospital y tuvo que ser operado. Su estado de salud es grave y tiene pronóstico reservado, ya que sufrió un traumatismo abdominal con daño en varios órganos.
El atacante fue detenido poco después y quedó a disposición de la Justicia. El caso lo investiga la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo del fiscal Diego Hevia. En la audiencia realizada este miércoles, la auxiliar de fiscal Elina González acusó al detenido por robo doblemente agravado: por causar lesiones graves y por haber usado un arma de fuego.
La Fiscalía pidió prisión preventiva por cinco meses, al considerar que hay peligro de fuga y riesgo de que entorpezca la investigación. La jueza aceptó el pedido y el joven permanecerá detenido mientras avanza la causa.
“Se trató de un hecho grave y aberrante. La víctima tiene 72 años y volvía de trabajar cuando fue atacada. Hoy está luchando por su vida”, expresó González. Además, destacó que ya se cuenta con testigos y pruebas que sostienen la acusación contra el detenido.
Valentina Olguín, influencer y cantante santiagueña de 26 años, está acusada de contrabando simulado por usar los datos fiscales del gobernador Osvaldo Jaldo y de otros cuatro mandatarios provinciales para importar ropa desde Estados Unidos. La ropa era luego vendida de manera privada en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. El caso se investiga en la Justicia Federal de Tucumán y podría llevarla a prisión si es procesada.
Todo comenzó a fines de 2024, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo recibió una notificación de Aduana por una compra hecha en una tienda de Miami. Como él nunca había comprado nada en el exterior, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal. Gracias a eso, se descubrió que también se habían usado los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis), todos sin saberlo.
La joven habría usado los nombres completos, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores para importar productos mediante el sistema Courier, que permite hasta cinco compras anuales de hasta 5.000 dólares con menos controles. “Un paquete a nombre de un gobernador difícilmente se revisa”, explicó una fuente judicial.
Durante un allanamiento en un departamento de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires, se encontraron prendas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. El análisis de estos equipos mostró que Olguín buscaba datos de otras figuras públicas para repetir la maniobra.
En su declaración, la influencer admitió parte de los hechos y dijo que consiguió los datos por Google, algo que los investigadores dudan. También reconoció que usó los datos de otros porque ya había agotado el cupo de compras a su nombre y al de sus conocidos.
El delito que se le imputa, contrabando simulado, prevé penas de entre dos y ocho años de prisión. Aún no fue procesada formalmente, pero el juez federal José Manuel Díaz Vélez tiene en sus manos la decisión. El fiscal Agustín Chit ya envió copias del expediente a otras provincias para que se investigue allí también.
Olguín era conocida por haber formado parte del grupo “Dame 5” y por su carrera como solista, con más de 250.000 seguidores en Instagram y apariciones en eventos como Cosquín Cuarteto y el Movistar Arena. En redes sociales combinaba música con videos de moda y vendía ropa por mensaje privado.
El caso generó preocupación por la facilidad con la que se accede a datos fiscales en internet. “Hay información confidencial que es demasiado fácil de conseguir, eso pone en riesgo a cualquier ciudadano”, advirtió el gobernador Jaldo. Desde la Aduana también alertaron que muchas personas ni siquiera se enteran de compras hechas a su nombre, lo que facilita este tipo de fraudes.
