El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el cese inmediato de Luis Alfredo Valenzuela, un agente transitorio del Servicio Penitenciario Provincial, luego de una investigación interna que lo vinculó con el presunto ingreso ilegal y la comercialización de teléfonos celulares para internos del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, tras requisas realizadas el 20 de abril de 2026 en las Unidades N° 1 y N° 3.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 992/7 (SES), publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial. Valenzuela había sido incorporado al Escalafón Seguridad del Servicio Penitenciario en julio de 2025.
La investigación comenzó después de una serie de requisas sorpresivas en el penal, donde las autoridades secuestraron teléfonos celulares y otros elementos prohibidos. Al revisar los aparatos incautados, se detectó una línea de la empresa Personal registrada a nombre de Valenzuela, quien prestaba servicios en la Unidad N° 1.
La situación del agente se complicó aún más cuando un interno con identidad reservada declaró y aportó datos sobre presuntas transferencias de dinero dirigidas al penitenciario para permitir el ingreso de los equipos al penal.
A esos elementos se sumaron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y registros de un perfil de TikTok atribuido al acusado, pruebas que fueron incorporadas a la investigación administrativa.
En su declaración, Valenzuela negó haber ingresado el teléfono secuestrado. También sostuvo que no estaba de guardia el día del procedimiento y afirmó que usaba una línea distinta a la denunciada en su legajo personal.
Sin embargo, el agente admitió una conducta que fue considerada grave por sus superiores: reconoció que solía dejar su billetera y su celular sobre mesas del patio al que accedían los internos. Por esa situación, ya había recibido llamados de atención.
Para el Gobierno provincial, esa conducta fue negligente y puso en riesgo la seguridad pública. Por ese motivo, el decreto sostiene que los indicios reunidos generaron una duda inaceptable sobre el comportamiento funcional del empleado.
El texto oficial remarca que la tarea penitenciaria exige una conducta intachable y que, en este caso, se produjo un quiebre irreparable en la confianza que debe existir entre la institución y sus agentes.
Además, la normativa aclara que Valenzuela era personal transitorio, por lo que no contaba con derecho a la estabilidad laboral. En ese marco, el Poder Ejecutivo dispuso su desafectación y cese inmediato para resguardar el interés público y la credibilidad del organismo.
La resolución fue dictada con reserva de agravamiento, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas medidas según avance la causa penal que iniciará el Servicio Penitenciario Provincial ante la Justicia.
