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Escándalo en Villa Urquiza: condenado por trata manejaba una red sexual desde la cárcel

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Walter Ayala fue condenado a 12 años de prisión y Alejandra Galván a 8 años, luego de que la Justicia federal comprobara que ambos integraban una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán. Según la investigación, Ayala dirigía la red desde su celda en el Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena previa por trata de personas, mientras Galván coordinaba la actividad fuera de la cárcel.

La sentencia fue dictada en un juicio abreviado, en el que los dos imputados reconocieron su responsabilidad penal. La jueza Carina Farías impuso una pena de 12 años de prisión para Walter Ayala y de 8 años para Alejandra Galván.

Además, la Justicia ordenó una reparación económica superior a los $130 millones para las ocho víctimas identificadas durante la investigación.

La causa fue investigada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala seguía manejando la estructura delictiva desde el interior de la Unidad N° 1 del Penal de Villa Urquiza.

Según la pesquisa, el condenado utilizaba teléfonos celulares prohibidos para contactar a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales. Luego, publicaba sus perfiles en el sitio de oferta sexual Skokka, donde también elegía los nombres falsos que debían usar.

Mientras tanto, Galván cumplía un rol clave fuera del penal. De acuerdo con la investigación judicial, era la encargada de supervisar los departamentos donde funcionaba el circuito de explotación sexual en San Miguel de Tucumán.

También organizaba las sesiones de fotos y videos para promocionar a las víctimas y se encargaba de recaudar el dinero generado por los encuentros sexuales.

La reparación económica fijada por la Justicia fue considerada inédita por su monto. El cálculo incluyó indemnizaciones por daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias obtenidas ilegalmente por la organización criminal.

El caso volvió a poner bajo la lupa los controles internos del Penal de Villa Urquiza, ya que se comprobó que un condenado por trata de personas pudo seguir liderando una red delictiva desde adentro de la cárcel.

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